Según Clarín, la adhesión al fideicomiso bilateral ató el destino de la cooperativa a una alianza política que resultó ruinosa. El diseño del convenio generó una dependencia fatal que, tras el default venezolano, derivó en una deuda de 18 millones de dólares y la pérdida de capital de trabajo.

El profundo deterioro patrimonial que enfrenta SanCor, y que ha derivado en su actual intervención judicial, encuentra sus raíces en una decisión estratégica tomada hace casi dos décadas: la adhesión al esquema de comercio bilateral diseñado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Lo que en 2006 se presentó como una oportunidad de expansión hacia el mercado caribeño, terminó configurándose como una trampa financiera estructural debido a la naturaleza del acuerdo político.

El mecanismo central de esta relación fue el Fideicomiso Bilateral, un instrumento «de Estado a Estado» creado para compensar el intercambio de fuel oil venezolano por alimentos argentinos. Al volcar gran parte de su capacidad exportadora a este convenio, la cooperativa ató su flujo de caja a la sintonía diplomática y la solvencia de un solo socio comercial. Esta arquitectura del acuerdo generó una dependencia excesiva que, lejos de diversificar riesgos, expuso a la firma santafesina a la volatilidad de la economía venezolana sin las garantías habituales del comercio privado internacional.

La fragilidad del pacto quedó en evidencia cuando el esquema de compensación colapsó. El default de Venezuela interrumpió la cadena de pagos, dejando a SanCor con una acreencia que, tras diversas renegociaciones, hoy se mantiene en 18 millones de dólares. Sin embargo, el daño real excedió el monto impago: la demora y la incertidumbre en los cobros descapitalizaron a la empresa en momentos clave, privándola de la liquidez necesaria para sostener su ritmo industrial y competir en el mercado interno.

Las consecuencias de haber priorizado este acuerdo político son visibles en los números operativos. La cooperativa, que en los años 90 lideraba la industria nacional procesando 4,6 millones de litros diarios de leche, ha visto desplomarse su producción a apenas 700 mil litros en la actualidad.

Hoy, en el marco de un concurso preventivo con un pasivo total estimado en 250 millones de dólares, la Justicia ha dispuesto una coadministración por 60 días para auditar las cuentas. El expediente confirma que el «pecado original» de la crisis no fue solo un incumplimiento de pago, sino la decisión de someter la viabilidad de una empresa privada a la lógica de un acuerdo geopolítico que resultó insostenible.