A partir de 2026, el Gobierno nacional avanzará en una transformación estructural del esquema de asistencia social, con el objetivo de reemplazar los planes tradicionales por programas de capacitación laboral. La iniciativa no implica un recorte ni el retiro del Estado, sino un cambio de lógica que busca dejar atrás un modelo centrado en la dependencia y avanzar hacia la inserción en el empleo formal.

Durante años, la ayuda social funcionó como un fin en sí mismo y no como una herramienta transitoria. Ese enfoque derivó en consecuencias conocidas: mayor dependencia de los programas, prácticas de clientelismo político y una reducción de los incentivos para ingresar al mercado laboral registrado. Con la nueva orientación, la asistencia vuelve a pensarse como un puente hacia la autonomía económica.

El nuevo esquema establece que los beneficiarios deberán capacitarse en oficios y habilidades concretas, alineadas con las demandas reales del sector productivo. La formación estará orientada a áreas con necesidad de mano de obra y se diseñará en función de perfiles laborales requeridos por empresas y pymes, buscando mejorar la empleabilidad y facilitar la transición al trabajo formal.

Además, el programa contará con la participación activa del sector privado y de centros de formación, con instancias de certificación, prácticas laborales y articulación directa con oportunidades de empleo. De este modo, el Gobierno apuesta a un sistema que combine asistencia, capacitación y trabajo, con la meta de generar inclusión genuina y sostenible a largo plazo.