El fiscal general de Texas, Ken Paxton, comunicó a más de 130 ciudades del estado que no podrán elevar los impuestos a la propiedad por encima del límite establecido en la ley SB 1851. La medida, conocida como «no nuevos ingresos», busca proteger a los contribuyentes de incrementos desmedidos en sus obligaciones tributarias sobre bienes inmuebles.

La notificación oficial llegó a los municipios texanos con instrucciones claras sobre el cumplimiento de la normativa. Según lo dispuesto en la SB 1851, las localidades están obligadas a respetar un techo máximo en la recaudación de impuestos vinculados a propiedades, evitando que superen los montos ya establecidos en períodos anteriores.

Paxton enfatizó que esta regulación representa un blindaje legal para los propietarios frente a decisiones fiscales de gobiernos locales. La orden se enmarca en una política más amplia de contención del gasto público y protección del patrimonio privado, un aspecto relevante en los últimos años para las administraciones de Texas.

Los municipios afectados deberán ajustar sus presupuestos conforme a estos límites cuando calculen sus ingresos tributarios para los próximos ciclos fiscales. Aquellas ciudades que intenten eludir la norma podrían enfrentar acciones legales por parte de la oficina del fiscal general.

La medida ha generado debates entre autoridades locales, algunas de las cuales argumentan que los límites imposibilitan financiar servicios esenciales como educación, seguridad y mantenimiento de infraestructura. Sin embargo, desde la administración estatal se sostiene que la SB 1851 garantiza estabilidad fiscal para ciudadanos y empresas.

Expertos legales señalan que esta resolución consolida una tendencia nacional hacia políticas de restricción tributaria en gobiernos locales estadounidenses.

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